Breve resumen de los cambios recientes en la normativa europea sobre seguridad alimentaria

Según la OMS, cada año enferman alrededor de 600 millones de personas y mueren 420 000 a causa de enfermedades transmitidas por los alimentos, lo que supone unos costes anuales de 110 000 millones de dólares estadounidenses en términos de pérdida de productividad, comercio y tratamiento.

El comercio mundial de productos alimenticios se ha triplicado en la última década y, como consecuencia, la complejidad de la gestión de las cadenas de suministro ha aumentado drásticamente. Es fundamental contar con normas y reglamentos estrictos en materia de seguridad alimentaria para garantizar que los alimentos sigan siendo seguros y aptos para el consumo a lo largo de todo su recorrido por la extensa y compleja cadena de suministro: desde la granja hasta la mesa.

Las normas de higiene alimentaria varían de un país a otro, pero suelen regular la manipulación, el procesamiento, el almacenamiento, la prevención de la contaminación y el etiquetado de los alimentos a lo largo de todo el proceso hasta que llegan al consumidor.

¿Qué normativas regulan la producción alimentaria mundial?

A nivel mundial, el órgano consultivo más importante en materia de normas alimentarias es la Comisión del Codex Alimentarius (CAC), gestionada conjuntamente por la FAO y la OMS. La CAC cuenta con 188 países miembros y elabora normas alimentarias internacionales coordinadas basadas en principios científicos, entre las que se incluyen 223 normas de seguridad alimentaria y 78 directrices.

La OMC anima encarecidamente a los Estados miembros a utilizar las normas alimentarias del Codex como referencia para evitar tanto costes innecesarios como obstáculos al comercio. Aunque se trata únicamente de recomendaciones, las normas del Codex sirven en muchos casos de base para la legislación nacional.

¿Qué normativa regula la producción alimentaria europea?

Aunque se recomienda encarecidamente a los países miembros que sigan las normas y directrices alimentarias del Codex, las empresas de transformación y los fabricantes de productos alimenticios en Europa se rigen por una compleja combinación de disposiciones legales y normas de seguridad comercial voluntarias (pero que se dan por sentadas).

A partir de 2026, el marco jurídico para la fabricación y la venta de alimentos en Europa se basa en el principio de la seguridad alimentaria «de la granja a la mesa». No se pueden vender alimentos legalmente en Europa si no se cumplen los requisitos de la legislación de la UE:

1. La Ley General de Alimentación (Reglamento 178/2002)

Esta ley constituye la base de la seguridad alimentaria. Establece que solo pueden comercializarse alimentos seguros y atribuye la responsabilidad principal en materia de seguridad al fabricante.

2. El Reglamento general sobre higiene alimentaria (Reglamento 852/2004)

Este reglamento establece cómo deben construirse y gestionarse las fábricas, y se aplica a todas las fases de la producción posteriores a la producción primaria. Además, establece la obligatoriedad del sistema HACCP, exigiendo la implantación de un procedimiento permanente basado en el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). 

3. Normas microbiológicas y de etiquetado

Se trata de las normas técnicas que determinan si su producto es legalmente seguro e informativo, e incluyen los Criterios Microbiológicos (Reglamento 2073/2005) y la Información alimentaria al consumidor (Reglamento 1169/2011).

¿Cómo ha cambiado el panorama legislativo europeo desde 2019?

Desde la presentación de la estrategia de sostenibilidad de Europa —el Pacto Verde— en 2019, el panorama legislativo en materia de seguridad alimentaria ha cambiado de forma significativa. El Pacto Verde se puso en marcha como una hoja de ruta para convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro para 2050, obligando a los legisladores y a las normas privadas a dar prioridad a la sostenibilidad.

En el centro del Pacto Verde se encuentra «de la granja a la mesa», publicado en 2020, y el documento más importante para la industria alimentaria, ya que establece un objetivo obligatorio de reducir el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos en un 50 % para 2030.

La iniciativa «De la granja a la mesa» no ha modificado la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria, pero ha impuesto una interpretación más estricta de la expresión «las plagas deben controlarse» que figura en el anexo II del Reglamento (CE) n.º 852/2004.

La interpretación del control ha pasado de la fumigación rutinaria al control integrado de plagas (CIP), con el fin de ajustarse al objetivo de reducir en un 50 % el uso de plaguicidas. El Reglamento sobre productos biocidas (BPR) también ha impulsado una oleada de eliminaciones progresivas de productos químicos en favor de productos de bajo riesgo.

Entre 2022 y 2023, también se publicaron importantes actualizaciones de las normas del sector (BRCGS Edición 9, IFS Food v8 y el Anexo 1 de las BPF de la UE) para alinearlas con los objetivos del Pacto Verde y de la Iniciativa «De la granja a la mesa», dando prioridad al control integrado de plagas (CIP) frente a los tratamientos químicos. El CIP ya no es solo una buena práctica; es un requisito básico obligatorio. Las empresas alimentarias deben ahora demostrar legalmente que han agotado todos los métodos no químicos de control de plagas antes de que se les permita utilizar cebos tóxicos.

¿Cómo ha cambiado el papel de la tecnología en la cadena de suministro alimentario?

En el Foro Internacional sobre Seguridad Alimentaria y Comercio celebrado en 2019, la FAO, la OMS y la OMC emitieron una declaración conjunta en la que afirmaban que: «La tecnología, incluido el uso del «big data», permite disponer de mejores herramientas y métodos de detección, investigación, seguimiento y vigilancia para la evaluación de los riesgos para la seguridad alimentaria.»

Esto se refleja en los cambios que se están introduciendo en la normativa sobre seguridad alimentaria en Europa. La tecnología digital ya no es una «novedad» ni una «oportunidad», sino una necesidad imperiosa para el cumplimiento normativo. Dado que el Pacto Verde de la UE exige pruebas de la aplicación del control integrado de plagas (CIP), los sistemas digitales de control de plagas que supervisan constantemente, reaccionan al instante y envían informes directamente son ahora imprescindibles.

La monitorización remota las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de una red de sensores conectados, cumple con los requisitos de vigilancia y detección precoz del Manejo Integrado de Plagas (MIP), garantizando que los técnicos reciban una alerta en el momento en que se detecta una plaga, en lugar de tener que esperar a la inspección mensual. Esta visibilidad en tiempo real permite realizar intervenciones específicas, lo que reduce significativamente la dependencia de los tratamientos químicos de amplio espectro, lo que respalda directamente el objetivo de reducción del uso de plaguicidas del Pacto Verde de la UE.

Conclusiones

El cambio en la legislación europea, impulsado por el Pacto Verde de la UE y su estrategia «De la granja a la mesa», ha hecho que el control digital de plagas pase de ser un concepto pionero a convertirse en un requisito imprescindible para el cumplimiento del control integrado de plagas (CIP). Sistemas como PestConnect y myRentokil, de Rentokil, promueven la sostenibilidad en el control de plagas al reducir al mínimo la dependencia de los métodos químicos tradicionales.

Nuestras intervenciones específicas, basadas en un seguimiento preciso y en análisis de datos, permiten adoptar un enfoque proactivo que previene las infestaciones antes de que se agraven. Esto reduce considerablemente la necesidad de recurrir a tratamientos químicos de amplio espectro. Al adoptar una filosofía de control integrado de plagas (CIP) y hacer hincapié en la protección y la prevención, PestConnect promueve un enfoque más eficaz y sostenible para el control de plagas.

Nuestras intervenciones específicas, basadas en un seguimiento preciso y en análisis de datos, permiten adoptar un enfoque proactivo que previene las infestaciones antes de que se agraven. Esto reduce considerablemente la necesidad de recurrir a tratamientos químicos de amplio espectro. Al adoptar la filosofía CIP y hacer hincapié en la protección y la prevención, PestConnect promueve un enfoque más eficaz y sostenible para el control de plagas.